“Los delegados partieron con un lápiz Bic y un block fiscal a las regiones. Con una hoja que decía ‘consígase un local para funcionar’. Así partimos. En ese minuto nadie pensó que los Centros de Reinserción Social (C.R.S) debían tener edificios. No había nada. La reinserción social era pura gestión de recursos que no daba el Estado”. Así es como María Eugenia Hofer Denecken, ex investigadora de la Fundación Paz Ciudadana y ex subdirectora administrativa (s) de Gendarmería, describe el nacimiento de la reinserción social en Chile, a inicios de la década del 80′.
Han pasado 35 años desde aquel momento. La gran cantidad de cambios en las décadas siguientes condujo a la creación de una nueva ley en 2012: la Nº 20.603. Esta norma estableció un catálogo de penas sustitutivas, con las que 61 mil personas en conflicto con la justicia cumplen hoy su condena. 15.400 de esos casos son atendidos por delegados de libertad en 39 C.R.S a lo largo de Chile. Seis de ellos están en la Región Metropolitana.
